¿Son legales los requisitos de desempleo y empadronamiento en las ofertas públicas de trabajo?

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El requisito obligatorio de estar inscrito como demandante de empleo en la oferta de empleo de turno de, por ejemplo, un ayuntamiento no es algo que provoque un automático chirrido, a fuerza de colarse la condición y hacerlo, además, sin provocar revuelo. Por lo menos, no es una cláusula de esas que enciende todas las alarmas de golpe, como tampoco lo es el tema del empadronamiento, o lo era, ya que la avalancha de ‘zascas’ al respecto se puede intuir ya en las primeras búsquedas en Google sobre el tema.

Una pesquisa más especializada en la web del Defensor del Pueblo confirma la hipótesis: Cuenca, Málaga, Cáceres, Castilla-La Mancha, Madrid… La recomendación tipo: “Esta institución ha recomendado que no se incluya el empadronamiento como requisito o mérito en los procesos selectivos para la contratación de personal laboral por ser contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 14, en relación con el artículo 23.2 de la Constitución”.

El artículo 14 de la Constitución española señala: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y el 23.2 ampara el derecho “a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

En la comunicación dirigida el pasado marzo a la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la ya exdefensora del Pueblo, Soledad Becerril —que acaba de ser relevada, tras dejar el cargo, por Francisco Fernández Marugán— resume la recomendación: “Esta institución ha constatado que las bases de las convocatorias de procesos selectivos para el acceso al empleo público incluyen con cierta frecuencia el empadronamiento como requisito de selección o se toma en consideración como mérito. La casuística de la que ha tenido conocimiento esta institución se refiere fundamentalmente a procesos de selección de personal laboral temporal vinculados a planes de empleo en el marco de políticas activas de empleo, pero también comprende la constitución de bolsas de trabajo de personal temporal y fijo, de nivel municipal y autonómico que no se enmarcan en estas políticas.

En otros supuestos, el requisito viene impuesto indirectamente por la participación del servicio público de empleo de la comunidad autónoma correspondiente en la preselección de los candidatos que cumplen con los requisitos para la contratación, ya que la gestión se limita a los inscritos en el servicio de empleo autonómico de que se trata.

Esta institución estima que la inclusión del empadronamiento como requisito o criterio de selección en estos supuestos en los que se establece relación laboral con la administración contratante y por tanto se constituye una relación de empleo público es contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

Se ha trasladado a la Secretaría de Estado de Función Pública esta cuestión para su examen, a fin de que pueda darse un tratamiento coherente, unitario y acorde al ordenamiento jurídico a la toma en consideración del empadronamiento o la residencia en un determinado municipio o ámbito geográfico en procesos selectivos para la contratación como personal laboral al servicio de las administraciones públicas”.

El requisito del empadronamiento parece que también va desapareciendo de las ofertas que salen en la provincia, salvo los típicos despistes, que todavía haberlos, haylos, pero no ‘a sabiendas’, por supuesto. No obstante, el origen del cambio, especialmente en los pueblos de menor población, puede no estar relacionado tanto con la Ley como con la necesidad, esto es, la urgencia de abrir la oferta cuando no queda otra, una situación que se entiende a la primera cuando se recuerda que Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma más envejecida del país.

Aclarado el asunto del empadronamiento, el foco se pone en el requisito obligatorio de estar inscrito como demandante de empleo, una situación que acaba de ser puesta de actualidad en la Ciudad de Salamanca por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-Zamora, que en la jornada de ayer ha facilitado a los medios el escrito que han registrado en el Ayuntamiento dirigido al concejal delegado de Recursos Humanos y Hacienda, Fernando Rodríguez Alonso, “en respuesta” a la Convocatoria y Bases para la provisión en régimen de interinidad de siete plazas de Trabajador/a Social para el Área de Bienestar Social del Consistorio de Salamanca (BOP 28-8-2017).

“El Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-Zamora considera que el requisito relativo a la obligatoriedad de ‘estar inscrito como demandante de empleo, no ocupado/a en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León’ rompe el principio de igualdad recogido en la normativa de acceso a la función pública por lo que impide el acceso a todos aquellos trabajadores sociales que actualmente tienen un contrato, bien sea como trabajadores sociales, bien en cualquier otro sector profesional”.

Además, consideran que la señalada convocatoria “no es sensible ni tiene en cuenta la actual coyuntura del mercado laboral” al que se enfrenta la profesión “con muchos compañeros desempeñando trabajos precarios, temporales, a tiempo parcial o en otros sectores”, de forma que la inclusión del mencionado requisito, según interpretan, “priva” a los trabajadores sociales “de la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo como el que se ofrece en condiciones de igualdad y por tanto se ven truncadas sus expectativas de mejora profesional y acceso a la profesión”.

También dirigen su crítica contra las bases de la convocatoria al considerar que “no se especifica”, quedando “a la total arbitrariedad y decisión de Recursos Humanos, si a partir de este proceso la lista que primará para posteriores llamamientos de trabajadores será la del último proceso selectivo, la de este nuevo, etc., puesto que no se menciona, si generará posteriormente bolsa de empleo o no“.

“Por todo ello, consideramos precisa una mayor claridad y sensibilidad por parte del Ayuntamiento de Salamanca en los procesos selectivos que se pongan en marcha para apostar de forma decidida por un empleo público de calidad y con unos criterios de igualdad conforme a lo que viene recogido en la normativa vigente para el acceso a la función pública”.

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