La recuperación económica de España se está quedando poco a poco cada vez más lejos de los peores momentos de la crisis. La recesión ha dejado paso a un crecimiento consolidado de la economía española, a buen ritmo y a una de las mejores velocidades de la zona euro. Los vientos de cola, como pueden ser la caída de los precios de cotización del petróleo, el aumento del turismo, el Banco Central Europeo funcionando por fin como se llama… también están sumando. El pasado mes de julio, la Encuesta de Población Activa, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, sorprendió al desvelar que el número de parados ha bajado de los cuatro millones durante el segundo trimestre, la primera vez desde finales de 2008. España está cumpliendo con el déficit público —déficit público, cuando una administración gasta más que sus ingresos durante el ejercicio—.
Pese a todo, del cielo, azul, gracias a los buenos datos macroeconómicos, no se han despejado todavía algunos nubarrones: la deuda pública —o deuda soberana, algo así como la que tiene el Estado, para financiarse, con particulares u otros países— está marcando su peor cifra histórica —más de los 1,1 billones de euros, por encima del 100% del PIB—, el número de parados sigue siendo inaceptable, por no hablar de que la mayoría de los empleos que se están creando son temporales, salarios bajos de un importante número de trabajadores… hasta es algo que preocupa al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Juan Rosell.
Además, la buena salud actual del PIB, las buenas cifras, en general, de la famosa macroeconomía… no se está dejando notar todavía en muchos bolsillos, una situación que sintetiza gráficamente Beatriz Martín, la diputada provincial del PSOE y Secretaria provincial de Empleo en la Comisión Ejecutiva de los socialistas salmantinos: «Los trabajadores fueron los primeros en sufrir las consecuencias de las crisis y por tanto deben ser ellos los primeros que perciban los beneficios de la recuperación económica de la que tanto se habla«.
Fue la conclusión con la que finalizó la diputada socialista la rueda de prensa convocada en Salamanca para desvelar las actuaciones de la iniciativa ‘Pacto de Rentas’ que están presentando los socialistas por todo el país y que, entre otras medidas, recoge un incremento del Salario Mínimo Interprofesional SMI —actualmente, en 707 euros mensuales en 14 pagas— a los 1000 euros en incrementos salariales, tanto en el sector publico como en el privado, se vayan produciendo progresivamente hasta 2021.
«Ofensiva institucional por la recuperación salarial y el incremento de los sueldos de los trabajadores».
Así ha presentado en Salamanca José Luis Mateos, Secretario de Organización del PSOE, la iniciativa del PSOE centrada en un «Pacto de rentas» que garantice «subidas salariales dignas, un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y unas mejores condiciones laborales y contractuales con el objetivo de mejorar la economía y que la recuperación pueda llegar a todos«.
Además de José Luis Mateos, la rueda de prensa ha estado protagonizada por las Secretarias provinciales de Política Municipal y Empleo en la Comisión Ejecutiva de los socialistas salmantinos, Carmen Ávila y Beatriz Martín respectivamente, acompañados por Carmen García, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación salmantina, y los diputados provinciales José Lucas Sánchez y Manuel Ambrosio Sánchez.
El también portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha defendido la propuesta, que tienen previsto trasladar «a todas las instituciones» en las que cuentan con representación, con motivo de la devaluación salarial registrada en la crisis, «rebajas salariales o vía congelación de los sueldos una pérdida del poder adquisitivo» que también han terminando afectando «negativamente en la economía local, como es Salamanca también, y perjudicado notablemente el crecimiento económico».
«Ha llegado la hora de realizar y de pedir un esfuerzo a los agentes económicos y sociales para que la negociación colectiva», y «respetando su autonomía también», se lleve a cabo una «recuperación y un incremento de los salarios». El objetivo de los socialistas con la iniciativa, además de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la debacle, «relanzar» la recuperación económica: «Somos conscientes de que no hay recuperación económica si no lo notan los ciudadanos en su bolsillo. No hay mejor manera de que lo noten en su bolsillo que propiciar un incremento salarial».
«Estamos viviendo una etapa gobernada por el Partido Popular en la que se está sufriendo una desigualdad salarial enorme«, ha subrayado en la rueda de prensa, Carmen Ávila de Manueles, la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, que ha recordado que las medidas de recuperación económica que se han puesto en marcha no han repercutido, de manera positiva, en los salarios. Un descenso de los salarios que ha afectado «principalmente a los jóvenes», algo que, según señaló, «impide el desarrollo social, desarrollo económico y mantener una nivel de vida digno».
Tras constar el aumento del «fenómeno» de «trabajadores pobres», también denunció, entre otras situaciones, que las nuevas incorporaciones al mercado laboral lo hacen con una «reducción del salario de un 25 por ciento en comparación con los salarios que mantienen las personas que tienen un empleo estable». «Por lo tanto, las medidas que con este nuevo Pacto de Rentas para España propone el Partido Socialista van encaminadas a paliar todos estos desencadenantes de la desigualdad salarial, desigualdad en el empleo y la brecha salarial», añadió.
«El objetivo que se pretende con este Pacto, con estas medidas, es romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, de precarización y aparición de trabajadores pobres, y por supuesto, para dar paso a un modelo de salarios decentes para España, un modelo de salarios decente para nuestro país».
Por su parte, Beatriz Martín concretó la actuación prioritaria en la provincia de Salamanca: Un «plan de choque para nuestros jóvenes: una revisión de los contratos de relevo y los contratos en prácticas, nuevos instrumentos en políticas activas de empleo y regulación de las prácticas no laborales o del programa de becarios.
En relación al incremento salarial, detalló que plantean que en el 2008 aumente «entre un 2 y un 3 por ciento», y en los tres años siguientes, hasta el 2021, «entre un 2,5 y un 3,5 por ciento». Sobre el incremento salarial en el SMI, el objetivo es llegar hasta los 1.000 euros en el año 2020, vía subidas de 98 euros por año.
«Debe también reconocerse esa subida salarial a todos los empleados públicos, que durante el 2018 se equipare este aumento de subida salarial a niveles de inflación real y que además se le añada un complementario que permita ir incrementando el poder adquisitivo de todos los empleados públicos».
Otra de las medidas de la habló «que no es nueva y que el Partido Socialista lleva insistiendo desde que el Partido Popular entró nuevamente en el Gobierno», fue la «derogación» de la Reforma Laboral: «Insistimos en la eliminación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, para que los convenios de empresa no estén por encima de los convenios del sector. Hay que volver a las condiciones anteriores y eliminar que el poder empresarial pueda modificar las condiciones de cada uno de los trabajadores en cada empresa«.
«Seguimos apostando por la negociación colectiva sectorial, que es lo que permitirá, a través de la productividad, que se vean incrementados esas subidas salariales hasta el 2021», una productividad que los socialistas apuestan conseguir con el desarrollo de actuaciones y «nuevas políticas» como «políticas activas de empleo, usos de tecnologías avanzadas, mayor inversión en innovación, una nueva política industrial que favorezca todo el tejido empresarial y que así podamos llegar a límites de productividad como los que teníamos anteriormente».
Otra de las materias «objeto de lucha es la discriminación salarial por género. Insistimos en la redacción de una ley de Igualdad Laboral que garantice la incorporación de las mujeres al mercado laboral para que las condiciones laborales sean equiparadas en igualdad de género».
También anunció su propósito de «acabar con la figura de los falsos autónomos y su precariedad. Aquellos trabajadores que se ven obligados a darse de alta como trabajadores autónomos, pero al final lo que prestan siguen siendo servicios para otras empresas«.