La amplia cobertura televisiva que dio el pasado viernes LA SEXTA a la controvertida mina de uranio que está construyendo la empresa Berkeley Minera España en Villavieja de Yeltes y Retortillo está teniendo eco en las redes sociales con una fuerza especial, que llevan encendidas desde que se compartieron las primeras imágenes de la realización de una balsa de grandes dimensiones en mitad del encinar con protección medioambiental.
«Una balsa de 36.000 metros cúbicos en pleno paraje natural«, asegura el redactor de La Sexta Noticias, Miguel Vega, en el directo que protagoniza el programa ‘Más vale tarde‘ desde Retortillo, un directo que incluye también las declaraciones del alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, que denuncia que les «pintaron» un proyecto en el que la actividad, «casi exclusiva», era «extractiva«. «Nosotros no contábamos con un almacenamiento de residuos definitivo y mucho menos con las características que más tarde puso de relieve el Consejo de Seguridad Nuclear«, afirma el regidor, antes de desvelar que les hablaron de un «almacenamiento de escombros y ripios, cuando en realidad eran materiales radioactivos«. Además, niega que les precisaran la «calidad industrial«, su «capacidad contaminante«, ni la cantidad de los vertidos que irían al río Yeltes, algo que, subraya, tampoco se menciona en el proyecto.
La intervención, a continuación, en la cadena del grupo audiovisual de Atresmedia, de José Ramón Barrueco, el portavoz de la plataforma de ‘Stop Uranio’, se centra en la excavación de la balsa y el arranque de las encinas. Es lo que está provocando el tsunami de indignación vecinal y política que se está calentando en las redes sociales y medios de comunicación. Además, el posible delito medioambiental está siendo investigado por dos fiscalías distintas, según ha informado eldiario.es.
Por un lado, según también recoge EL PAÍS, estaría la Fiscalía Provincial de Salamanca, en un proceso impulsado por ‘Stop Uranio‘, que considera que la construcción de la balsa es ilegal.
El Fondo Mundial para la Naturaleza, ‘WWF‘, acaba de llevar la tala de encinas al Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, Antonio Vercher, una denuncia a la que ha tenido acceso SALAMANCA NEWS y en la que expone la «tala masiva de encinas centenarias» en Retortillo «por parte de empleados de la empresa Berkeley». Según detalla WWF España, la parcela en la que la compañía estaría realizando los controvertidos trabajos es un terreno incluido en la red Natura 2000, con motivo de la presencia, entre otras, de «tres parejas nidificantes de cigüeña negra«, una especie protegida, al igual, también, recuerda, que los encinares, dehesas salmantinas, hábitats protegidos por una Directiva europea.
«Por ello solicitamos que, por esta Fiscalía de Medio Ambiente se investigue lo sucedido, pidiendo información, si lo considera oportuno, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León —Servicio Territorial de Salamanca— en orden a conocer si dicha tala está autorizada y cómo se compatibiliza la misma con el deber de mantener en buen estado y evitar todo perjuicio a esta dehesa, hábitat protegido, y a su vez albergue de la especie protegida, cigüeña negra«, expone WWF España, tras alertar que la «tala masiva de encinas para la extracción de áridos en el ámbito de una explotación minera a cielo abierto vendría a agravar el estado de conservación desfavorable de este hábitat, y la especie protegida que alberga, realizando una de las amenazas que se ha identificado como que debía ser evitada«.
Tras recordar la obligación que se imponía al promotor del proyecto de explotación minero en la Declaración de Impacto Ambiental, «previamente al inicio de las obras«, de realizar un «inventario detallado de los hábitats que debería remitir al Servicio Territorial de Salamanca y que en las zonas que se realizase tala de encinas se llevase a cabo una restauración», WWF España defiende que la regeneración reparadora del daño provocado ha de realizarse «simultáneamente o cercana en el tiempo de la tala, para evitar la desaparición de las citadas parejas nidificantes y el daño ambiental que ello causaría. Por lo que sería de interés conocer, si se ha llevado a cabo dicho inventario, su contenido, las medidas compensatorias tomadas, si se ha informado a la Comisión UE de las mismas —como exigen Directiva 92/43CEE artículo 6.4 y LEY 42/2007, artículo 46.7— y cuándo se van a ejecutar».
Por último, se indica al Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, Antonio Vercher, que «una actuación al margen de la legalidad, que tiene como resultado el perjuicio grave» de hábitats y especies protegidos por la normativa nacional y europea, «probablemente implicaría incurrir en algunos de los supuestos previstos en los artículos 330, 332, 334 y 338 del Código Penal y exigiría la toma de medidas para evitarlo. Es por ello que WWF España pone estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente para que proceda como corresponda en ejercicio de las funciones de velar por la legalidad ambiental que tiene encomendadas«.
La bola mediática, política y ciudadana contra la mina de uranio no para de aumentar de tamaño, pese a que Berkeley ha intentado desactivarla subrayando que cumple todos los permisos y anunciando un plan de restauración de 30.000 encinas. Respecto a la construcción de la balsa, la respuesta que ha dado, y de la que se han hecho eco diferentes fuentes, entre ellas, ‘Stop Uranio’, pasar por negar que sea una balsa al defender que su cometido son las obras autorizadas y de menor entidad vinculadas con el desvío de una carretera.
El tsunami también está teniendo un espectacular impacto en la petición de firmas impulsada hace siete meses desde Tánger en Change.org por Joaquín Mayordomo, periodista salmantino especializado en Salud y colaborador en ‘El País’:
«El deseo de extracción de uranio —la única mina en Europa a cielo abierto de estas características— va a suponer que haya que ARRANCAR 30.000 encinas centenarias; además, se contaminará el agua de varios ríos, incluido el Duero, posiblemente, y con toda seguridad desaparecerá un centro de tratamiento con aguas medicinales, pues se halla ubicado a menos de 200 metros de la mina«.
La petición, que será entregada a la Oficina del Parlamento Europeo en España y Greenpeace, tiene un objetivo fijado de 25.000 firmas. Hace 3 días llegó a las 17.500 firmas y en estos momentos acaba de superar las 17.800, una cifra que no para de actualizarse minuto a minuto.