La ‘posverdad’, palabra del año en 2016, sigue todavía en plena vigencia, al parecer, en algunas lindes políticas, reinos de Pinocho donde la mentira y la verdad se confunden con total naturalidad.

Una de las principales consecuencias del desatino apuntado es la espantada general del ciudadano, una desafección justificada en la aparente dificultad para desenmascarar al embustero, protegido por una equidistancia —otro palabro de moda— que perjudica al sincero.

“Es política”, se dice, como si hablara de un exoplaneta. Pero el problema llega cuando la política toca, para mal, el bolsillo del respetable, como ha ocurrido precisamente en Vitigudino con el tema de las tumbas. El alcalde, Germán Vicente, no provocó el lío pero sí que se esforzó bastante en prometer, hasta meterse en el Ayuntamiento, que una vez metido, nada, o casi nada, por ahora.

No obstante, confiesa el regidor que no pega ojo, de la preocupación que tiene, pese a que el desasosiego hasta el momento ha sido compatible con la pachorra para poner soluciones encima de la mesa. Así, lleva enrocado el primer edil desde casi el minuto uno de la legislatura con el asunto de esperar “informes jurídicos” que despejen la devolución del dinero a los afectados. A no ser que el Ayuntamiento vitigudinense haya elevado la controversia hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no huele bien ya la tardanza en la que, perfectamente, podría entrar secretaría intervención, como ya lo hizo en la legislatura pasada, en un informe contrario al reintegro de las tasas.

Los hechos, como se puede comprobar, desmontan los intentos de manipular la verdad. Germán Vicente prometió en las elecciones: “Habilitar los mecanismos necesarios para devolver el dinero cobrado de forma irregular a los concesionarios de sepulturas”. En la redacción realizada —mecanismos para “devolver el dinero cobrado de forma irregular”— queda muy claro tanto que la promesa se concreta en “devolver el dinero” como el carácter “irregular” del cobro. Por lo tanto, mal se entiende que el regidor se esconda ahora detrás de “informes jurídicos”, cuando en la campaña electoral se tiró a la piscina calificando los cobros como “irregulares”, una grave y contundente denuncia que sólo es posible abanderar tras documentarse bien al respecto. En cualquier caso, a casi ya un año y medio de las elecciones municipales, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, sigue sin cumplir la promesa de devolver el dinero de las sepulturas.

Pero la última del ingeniero de Caminos ha sido especular sobre la posibilidad, que no certeza —por eso lo de especular—, de que los Corpus 2018 no puedan realizarse en la plaza de toros. La intención del alcalde de utilizar sus declaraciones para provocar el vituperio del portavoz del Partido Popular, José María Herrero, es cristalina, porque critica al mismo tiempo la moción que presentaron los Populares para investigar la titularidad del terreno vinculado con las instalaciones.

Es importante recordar que la secretaria municipal, en el pleno extraordinario que abordó el asunto, aclaró que el coso taurino no puede ser vendido porque “se ha hecho con dinero municipal y está en terreno municipal”.

José María Herrero, portavoz del Partido Popular, movió ficha porque, según explicó, tuvo conocimiento de la comunicación que recibió el Ayuntamiento de la inmatriculación de la plaza.

El Consistorio viene pagando cada año unos 18.000 euros (más IVA) por el alquiler de la plaza de toros. El protagonismo del coso en los Corpus es esencial, pero si las instalaciones fueran de propiedad municipal supondría para los vecinos el ahorro de un gasto importante, posibilitando promocionar inversiones, reducir la deuda municipal, bajar impuestos y tasas, crear empleo o la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a combatir la sangría despoblacional.

La defensa del patrimonio de cualquier administración pública exige investigar la situación de los bienes y derechos que le pertenezcan presumiblemente al mismo tiempo que recuperar, de oficio, la posesión perdida de forma indebida. Hace bien el portavoz del PP, José María Herrero —defiende a los vecinos, la legalidad, el interés general— en exigir que se investigue la titularidad de una propiedad, sobre todo cuando supone para los vecinos, para el Ayuntamiento, un gasto importante. Y los socialistas —del Partido Socialista Obrero Español—, el alcalde, Germán Vicente, no pueden ponerse contra el pueblo en beneficio de intereses particulares que no deberían preocuparles ni lo más mínimo.

Vitigudino no es la villa de Pinocho y los vecinos tienen derecho a conocer la verdad, pese a la querencia, a la vista de las circunstancias, que tienen algunos por plantar mentiras en la dehesa, en lugar de encinas.

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