Todos y cada uno de los 13 componentes del Partido Popular en la Diputación de Salamanca, con el presidente de la Administración provincial, Javier Iglesias, a la cabeza, votaron ayer ‘sí‘ a la moción presentada por Ciudadanos, en el pleno celebrado, y relacionada con la mina de uranio, y en la que se recogen medidas concretas con el objetivo de que la controvertida mina de uranio no tenga «barra libre«.
«Nuestra postura es la que defienden los ayuntamientos, ya que no queremos ninguna actividad en la zona si no se cumplen con todos los parabienes legales, medioambientales y de seguridad«, subrayó el diputado popular Antonio Luis Sánchez, viceportavoz y delegado de Planes Provinciales, Asistencia a Municipios y Organismo Autónomo CIPSA. Además, añadió que su grupo confía en la respuesta de los tribunales como también en el Consejo de Seguridad Nuclear, en alusión a los obstáculos judiciales que podrían derivarse de confirmarse las pretensiones solicitadas contra la empresa minera y al resto de trámites pendientes como el que tiene competencia el CSN, dos situaciones que también fueron recogidas en la moción presentada por Ciudadanos.
Pese una presentación tibia y general de la moción en la que la formación naranja reivindica la actividad minera desarrollada de forma «sostenible», de forma que el «espacio natural afectado se vea recuperado a sus previos estándares ambientales y cuidando en todo momento de no provocar daños irreversibles a los diferentes ecosistemas», a continuación entra en el fondo del asunto con una larga y exhaustiva enumeración de algunos de los puntos más oscuros de la iniciativa con el ánimo de «analizar los factores que podrían originar significativas pérdidas económicas para los contribuyentes» en el caso de que se registraran costes por accidentes ambientales, u otros impactos no cubiertos, con motivo de la «falta de previsión y análisis de los riesgos potenciales» que podrían traducirse en «altos costes», de rehabilitación, o por ejemplo, de «vigilancia a largo plazo de los residuos radioactivos del material a concentrar», un riesgo al que también añaden, según quieren dejan constancia, «los potenciales peligros de salud ocupacional y riesgos sanitarios para la población cercana».
Los puntos oscuros que la formación naranja refleja en la moción son, entre otros, precios muy bajos del precio del uranio desde 2009, que relaciona con el desastre de Fukushima y el cierre de centrales nucleares en muchos países, que se haya podido autorizar una mina de uranio a cielo abierto «con una concentración en balsas de lixiviación estática» en una zona declarada como Red Natura 2000 y también ZEPA, «obviando además muchos análisis críticos sobre riesgo ambiental», las «numerosas deficiencias o incongruencias» de la Declaración de Impacto Ambiental, sin, al parecer, exigirse garantía financiera para el cumplimiento de lo previsto, una previsión de extracciones de agua del río Yeltes «muy elevadas», «sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre disponibilidad del agua«, que no se haya respondido «a ninguna» de las alegaciones presentadas de forma fundamentada, o la «ausencia de obligación de construcción anti-sísmica en las balsas de lixiviación».
En definitiva, concluye el Grupo Provincial de Ciudadanos —hablamos de Jesús de San Antonio y de Manuel Hernández—, su objetivo con la moción es «evitar que la rentabilidad de este proyecto sea en base a no asumir los costes de restauración, ni del depósito radioactivo de estériles, ni posibles afecciones medioambientales».
De esta forma, se propone instar a la Junta de Castilla y León a:
- Exigir la totalidad de las garantías financieras antes del inicio de la actividad de acumulación o depósito de residuos para la puesta en marcha de la mina de uranio por la empresa Berkeley Energía S.L.
- Que en el cálculo de las garantías financieras se cumplan absolutamente todas las obligaciones incluidas la de cierre, sin perjuicio de poder ir disminuyéndose a medida que se vayan acometiendo la restauración.
- Instar el Gobierno de España a clarificar y explicar el procedimiento jurídico seguido para la cesión de los derechos de explotación de las Reservas Definitivas a favor del Estado para minerales de uranio.
- Ya que la figura legal de ‘consorcio’ está prevista para la asociación de entes públicos en la consecución de unos fines de interés general o para la prestación de un servicio público, instar al Gobierno de España a esclarecer si una empresa privada puede alegar mantener un consorcio con el Estado.
La moción resulta finalmente aprobada gracias a los votos a favor del Partido Popular, en apoyo a la moción de Ciudadanos. Y ‘sí’ también del portavoz de Ganemos, Gabriel de la Mora. No obstante, el PSOE rompe la unanimidad con una sorprendente abstención.
La abstención está en sintonía con las explicaciones dadas por la portavoz del PSOE, Carmen García Romero, en las que reivindica la otra moción del pleno contra la mina de uranio, presentada por Ganemos sumándose a la petición de los alcaldes de una veintena de pueblos del oeste salmantino: «Nos oponemos rotundamente a que se instale la mina de uranio en Retortillo y por lo tanto lo que decimos es que no existe interés general, ni para la comarca, como se han manifestado sus alcaldes, y por lo tanto todas las acciones que a partir de aquí están hechas en la zona donde se ha instalado la mina de uranio creemos que son ilegales y como son ilegales ni le podemos poner tasas ni le podemos poner impuestos. Lo único que podemos decir es que Berkeley restaure la legalidad donde ha cometido ilegalidades y cese cualquier actividad que está haciendo en estos momentos porque sin interés general no existe proyecto, por lo tanto, cualquier acción que se haga dentro del recinto es una acción ilegal y pedimos desde aquí que se pare cualquier actividad porque desde luego para el Partido Socialista no tiene ningún interés general y le digo a los miembros de Ciudadanos que si negamos la mayor no podemos enfrentar que se cuantifique ningún proyecto ni que se imponga ningún impuesto porque lo que nosotros no aceptamos es la instalación de la mina«.
«En realidad las dos mociones de la mina de uranio no tienen nada que ver, la una con la otra», refutó Antonio Luis Sánchez. Apoyamos la presentada por Ciudadanos porque creemos que es una moción constructiva en cuanto depende si este proyecto al final llega al inicio de la actividad que se le exijan todas las garantías necesarias para la restitución y la reparación de todos los posibles daños medioambientales. Vamos a exigirles todo, como no puede ser de otra manera, ya que no debe el erario publico sufragar ningún casto al ser un proyecto empresarial privado».
Y en relación a la moción presentada por el Grupo Ganemos, señala: «No somos quién para declarar un interés público de un proyecto empresarial. Ustedes están tratando de trasladar una responsabilidad a La Salina que no tiene, ya que, como he dicho antes, es una responsabilidad que está en la Junta, a través da Minas, la concesión; a través de Medio Ambiente, el impacto ambiental. Y en el propio Gobierno de la nación, en este caso un organismo independiente como es el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero nosotros no somos quién para pronunciarnos sobre intereses públicos que vienen marcadas por las leyes».
Aclarado la postura de los populares respecto a cada una de las dos mociones —la de Ciudadanos aprobada y la presentada por Ganemos, que fue rechazada por los 13 votos de los populares, contra los 12 votos a favor del resto de las formaciones políticas—, Antonio Luis Sánchez puso el foco en algo que valoró como «muy importante:
Que fue el PSOE el que en el año 2009, aprueba la constitución de un consorcio «al 10 por ciento ENUSA, al 90 por ciento Berkeley», para la cesión de los derechos que eran del Estado, en este caso cedidos de una sociedad pública Enusa a la privada Berkeley, una información en la que también ahonda la moción de Ciudadanos, que también incluye otras situaciones turbias como, entre otras, «la contratación reconocida de lobistas como Manuel Lamena, exConsejero de Sanidad de Madrid para hacer presión ante el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete«.
Para los populares, la posición del PSOE respecto a la mina de uranio es complicada también por otras situaciones entre las que Antonio Luis Sánchez mencionó, entre otros casos, la situación de Vitugudino, un Ayuntamiento que está gobernado por socialistas, cabeza de la comarca, y que no sólo no ha firmado, como ayer se señaló en el pleno, la reivindicación de la veintena de pueblos, «al haberse conformado también el Consistorio de Vitigudino quizá con ciertas migajas», sino que también el alcalde, Germán Vicente, ha dicho ‘sí’ a Berkeley en un polémico convenio de colaboración.
Por su parte, Gabriel de la Mora finaliza su segundo turno de intervención en el debate con una vehemente intervención, en la que compara la situación de Salamanca con lo que está pasando en Ávila, con una Sierra movilizada en contra de unas minas de feldespato.
«Este es un asunto político capital. Hace apenas un mes, se plantea también explotaciones mineras en la provincia de Ávila. Los ayuntamientos y la gente se niega. ¿Cuánta gente? No mucha más, ni mucha menos de la que aquí se ha puesto en marcha en Salamanca. La Diputación de Ávila, en el primer momento, en el primer pleno, ha declarado claramente la falta de interés provincial de los proyectos mineros en la Sierra de Ávila. El presidente de la Diputación de Ávila se ha reunido con los afectados, se ha reunido con la Junta de Castilla y León, y ha dicho: este proyecto es contrario a los intereses de esta provincia. Nuestros intereses son el medio ambiente, el turismo, la agricultura, la ganadería y otras cuestiones. No, los intereses privados de una empresa especuladora como es este caso. Les he leído antes, o he repetido la intervención, de un parlamentario vasco respecto a Iberdrola. El próximo pleno pues igual le hago exactamente la misma intervención pero no de Iberdrola, de Berkeley. Porque ojito los antecedentes de esta empresa, no como dice el PSOE, claro que hay que ponerle un impuesto, habría que ponerle un impuesto, porque esto más que empresas son asociaciones casi ilícitas habría que llamarlas. En fin, ustedes mismos se van a poner frente a sus alcaldes. Ustedes verán».