Berkeley Minera España ha salido al paso de las declaraciones realizadas en su último comunicado por la ‘Plataforma de Defensa del Campo Charro Stop Uranio‘, al considerar que esconden una «clara manipulación de información en la que se sacan frases sueltas de su contexto». Para la compañía, lo sucedido tiene un «claro objeto de crear confusión entre la población«.
La empresa reconoce que las labores de extracción de recursos minerales de uranio así como las actividades de investigación, del mismo modo que «cualquier otra actividad industrial«, pueden «dar lugar a riesgos para las personas y el medioambiente«, aunque, a continuación, vincula la posibilidad planteada exclusivamente a situaciones en las que las labores no se desarrollen de forma «correcta», una hipótesis radicalmente opuesta a la iniciativa minera que está impulsando Berkeley en el Campo Charro, según se puede interpretar del comunicado que ha enviado a Salamanca News, en el que ha subrayado, de este modo, que las «autoridades competentes en cada materia ya han conformado» que las actuaciones que están llevando a cabo se están realizando de manera correcta.
Berkeley también considera que la Stop Uranio ha extraído frases sueltas fuera de contexto en la alusión que la plataforma ha realizado sobre las «competencias». En este sentido, aclara, en primer lugar, que la competencia para realizar la evaluación ambiental del proyecto de explotación del yacimiento de Santidad y Retortillo es de la Administración regional, «y así lo ha hecho a través de la tramitación ambiental del proyecto». Acto seguido, la compañía subraya que se ha probado, por lo tanto, que la iniciativa es «absolutamente compatible con el entorno en el que se encuentra, no siendo perjudicial tampoco, y desde el punto de vista ambiental, para ninguna de las actividades que se realizan en el entorno«.
«HASTA LA FECHA TODAS LAS EVALUACIONES HAN SIDO POSITIVAS Y HABIÉNDOSE DEMOSTRADO QUE EL PROYECTO NO CAUSARÁ NINGÚN EFECTO NOCIVO, NI AL MEDIOAMBIENTE NI A LAS PERSONAS»
El siguiente párrafo del comunicado es utilizado por la compañía para aclarar la diferencia existente entre la protección radiológica y la protección ambiental.
La Junta de Castilla y León, explica, «se ha pronunciado en referencia a la protección ambiental que es aquello para lo que es competente». No obstante, la Administración regional, según subraya, no es la que se ha de pronunciar «en materia de protección radiológica».
«La legislación española es concreta en lo referente a la protección radiológica y establece literalmente que las autorizaciones o licencias que corresponda otorgar a cualquier administración pública no podrán ser denegadas o condicionadas por razones de seguridad nuclear o protección radiológica, cuya apreciación corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear«, continúa Berkeley con el objetivo de dejar claro que la Junta no es competente para pronunciarse en relación a la protección radiológica.
Despejada la confusión planteada, el comunicado avanza para señalar que el Consejo de Seguridad Nuclear «ya ha decretado que de acuerdo con las estimaciones realizadas por el CSN en el marco de la concesión de explotación minera y de la autorización previa de la planta de tratamiento, se puede concluir que, de acuerdo con las estimaciones realizadas, la explotación de la mina y el funcionamiento de la planta no suponen un impacto a la población por encima de los límites establecidos«.
«Por ello es claro que las administraciones españolas están siendo absolutamente diligentes y están evaluando aquello para lo que cada una es competente, siendo hasta la fecha todas las evaluaciones realizadas positivas, y habiéndose demostrado que el proyecto no causará ningún efecto nocivo, ni al medioambiente, ni a las personas«, concluye Berkeley.