Antolín Alonso con el diputado Manuel Hernández y el asesor Pepe Amador.

Antolín Alonso, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, no contempla ni como mera hipótesis su dimisión como concejal, aunque es consciente de que pueda tener “presiones”, de la agrupación política o de otras fuerzas. De este modo, el líder comarcal de la formación naranja subraya a SALAMANCA NEWS que seguirá en el Consistorio como concejal, aunque sea como no adscrito“No voy a dejar tirados a los vecinos, los compromisos están para cumplirlos”. 

Las declaraciones de Alonso llegan poco antes, apenas dos semanas, de la citación que ha recibido el edil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino para comparecer ante el órgano judicial “a fin de prestar declaración en calidad de investigado” en las diligencias previas de un procedimiento abreviado sobre “prevaricación administrativa”.

“Se trata en todo caso de un caso, de probarse, de prevaricación administrativa, por una denuncia política promovida por el equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Vitigudino. No es, que quede claro, un caso de corrupción. Por lo tanto, por parte de Ciudadanos no debería tener ningún problema, aunque reconozco que son situaciones incómodas pero ante las que he cogido el toro por los cuernos, ya que he sido yo el que ha salido a los medios a dar explicaciones a los vecinos”. 

La prevaricación administrativa, según adelantó ya SALAMANCA NEWS, está relacionada, según está explicando a los medios el propio Alonso que efectivamente ha sido el que ha dado el primer paso para comunicar la existencia del proceso penal contra él, con unas antiguas licencias urbanísticas, la mayoría licencias de primera ocupación, destinadas a familias de la localidad hace ya una década, la mayoría de ellas.

Aparte de que el ejercicio de la acción penal estaría siendo asumido en estos momentos exclusivamente por el Ministerio Fiscal, ya que por el momento no hay constancia de acusación particular o popular, Alonso considera que el proceso tiene su antecedente en la denuncia realizada desde el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE.

La ‘contaminación’ política, esto es, que la denuncia a la Fiscalía haya sido realizada con la participación del equipo de Gobierno socialista, es también corroborada por Alonso en razón a la lejanía en el tiempo de las concesiones, supuestamente prevaricadoras, de las licencias urbanísticas, unas concesiones, es necesario recordar, de las que nada, o muy poco, se ha hablado hasta ahora, pese al transcurso de una larga década.

Además, las actuaciones objeto del proceso, de momento, y según la información adelantada por Alonso, parecen estar únicamente centradas en la gestión realizada por Alonso como edil de Urbanismo cuando representaba a las siglas de Unión del Pueblo Salmantino. Tampoco han trascendido por el momento actuaciones de los socialistas, cuando se encontraban en la oposición, encaminadas a impugnar las licencias urbanísticas.

El portavoz de Ciudadanos en Vitigudino tampoco esconde la posible “estrategia política del alcalde para eliminar su oposición crítica y continuar en el cargo”, una cortina de humo que podrían utilizar los socialistas para tapar una reprobable gestión que lejos de sanear las cuentas municipales podría acabar la legislatura en inaceptables números rojos.

Los incumplimientos del programa electoral son también evidentes, entre ellos, la principal promesa que centró la campaña, la devolución del tasazo de las tumbas. Y, como colofón, la vigencia, cuando no el empeoramiento, de la sangría despoblacional, a la vista de los últimos datos de población del Instituto Nacional de Estadística.

Las ‘ganas’ del alcalde, Germán Vicente, entre otras personas, para dar con la fórmula para evitar que Alonso les siguiera “tocando los cojones”, como el mismo regidor dijo después de que tuvieran que dar marcha atrás en las tasas por la recogida de la basura por ‘culpa’ de Alonso, han quedado suficientemente aclaradas tanto en los plenos, como en otros lugares, una estrategia que es bien conocida por los vecinos y que antes se ensayó aunque sin éxito con la gestión del patronato municipal de la vivienda y urbanismo. 

También es importante destacar la paradoja de la prevaricación administrativa en materia urbanística, en el caso de que sea probada en la jurisdicción penal, en una localidad en la que las ‘legalizaciones urbanísticas’ de todo tipo todavía no son para nada cosa del pasado. Al contrario, la preocupación sigue vigente en cada legislatura y para cada corporación municipal.

Son situaciones como la que están sufriendo, por ejemplo, los vecinos de Peñas Llanas, parecidas a la que tuvo lugar con el controvertido cierre del bazar chino de la circunvalación, y como la que está ocurriendo ahora con la zona de la Plaza de Toros, una propiedad que, según acaba de saltar hace poco a la luz pública, resulta que no se sabe muy bien si es municipal o es privada, o mitad-mitad, pese a que, extrañamente, el Ayuntamiento, esto es, el bolsillo de los vecinos, asume anualmente un alquiler de unos 18.000 euros.