La secretaria municipal del Ayuntamiento de Vitigudino, presidido por Germán Vicente (PSOE), ha sido denunciada por una supuesta prevaricación administrativa por el portavoz de Ciudadanos en la cabecera de la comarca, Antolín Alonso, que ayer facilitó a SALAMANCA NEWS la cédula de citación en las diligencias previas por procedimiento abreviado que está desarrollando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vitigudino. El concejal confirmó a este medio su intención de ratificar la denuncia que ha sido presentada el pasado 20 de febrero. En concreto, en la suplica realizada al Juzgado, “sin perjuicio de lo que resulte de la investigación de la causa”, se señaló que los “hechos pueden ser constitutivos de los presuntos delitos previstos en los artículos 542 y 404 del Código Penal de los que presuntamente resultaría responsable la denunciada, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción de la causa, y ello por impedir el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos, y en concreto el derecho a la información y, en segundo lugar, por evitar, a sabiendas, el acceso a la documentación solicitada“, pese a tener la técnica municipal, según se refleja en la denuncia, una “inexcusable obligación de expedir“.

Antolín Alonso destacó ayer a SALAMANCA NEWS que la denuncia está relacionada con el controvertido cobro de las tasas municipales por el servicio de recogida de la basura. El regidor siempre ha estado defendiendo la total legalidad de los 52 euros que vienen cobrando en la actualidad, en dos recibos por cada semestre de 26 euros. Sin embargo, la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, abandera una postura contraria, esto es, que existen importantes irregularidades que, según su versión, atacarían la validez de los 52 euros anuales, que, en consonancia, ellos exigen reducir hasta, como mucho, los 39 euros anuales, que es la cifra que aprobó el exalcalde Julio Santiago (PP) al término de su última legislatura, poco antes de las elecciones municipales de 2015. Además, la oposición pone otro argumento sobre la mesa en la defensa de su tesis, que es su certeza de que la tasa de 39 euros anuales es suficiente para cubrir la totalidad de los costes relacionados con el servicio de la recogida de la basura. Y para probarlo, han venido pidiendo a los socialistas todos los datos en relación a estos gastos, al mismo tiempo que no han dejado de recordarles las palabras del concejal Javier Muñiz, el presunto responsable de Hacienda (ya que en el Ayuntamiento de Vitigudino no existen delegaciones), en las que establecía una cierta provisionalidad de la tasa de los 52 euros. Este carácter temporal fue defendido por los socialistas en la ausencia de la totalidad de los datos relacionados con los costes pero con su compromiso a revisar y, en su caso, rebajar las tasas una vez conocida su correspondencia con los costes.

Sin nuevos datos, por el momento, que cuestionen la vigencia por parte del equipo de Gobierno de los 52 euros anuales por el servicio de la recogida de la basura, los socialistas dieron por zanjada la polémica cuando Regtsa, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca, dependiente de la Diputación de Salamanca, no paró el cobro que realizan a los usuarios en virtud de los correspondientes convenios que tienen suscritos con las administraciones locales, en este caso, con el Ayuntamiento de Vitigudino. La postura de Regsta se fundamentó en el informe de la anterior secretaria municipal en aval de la tasa de los 52 euros que fue recurrida por la oposición. Así, Germán Vicente y su equipo se apuntaron una victoria ya que no lograron tumbarles la tasa como ya hizo Ciudadanos con las primeras cuotas tras los comicios que fueron cobradas por los socialistas por el servicio de la recogida —el alcalde siempre ha culpado a Antolín Alonso de hacerles “perder” unos 70.000 euros—. Y ahora se reactiva la polémica con la denuncia judicial.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Vitigudino, Antolín Alonso, explicó que la denuncia por la posible prevaricación ha sido consecuencia de la imposibilidad de la formación política de obtener los documentos expedidos por la secretaria municipal, “y que deben estar refrendados con el visto bueno del alcalde”, de la copia del acta del pleno, o bien la certificación de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria, celebrada el 24 de octubre de 2016, en la que se “acordó desestimar el recurso de reposición que el compareciente había interpuesto contra la aprobación definitiva de la tasa de recogida domiciliaria de basuras”. Esta situación, según se refleja en la denuncia al Juzgado de Instrucción de la cabecera de la comarca, tuvo entre sus efectos la caducidad procesal del recurso presentado por Ciudadanos en la jurisdicción contenciosa administrativa con la pretensión de atacar el señalado acuerdo plenario al considerar que era “contrario al ordenamiento jurídico”: “La expedición del acta se ha solicitado nada menos que tres veces, ya las tres se ha hecho caso omiso, con el catastrófico efecto de la pérdida de posibilidad de recurrir y pérdida de oportunidad de su resultado, cuyo objeto era muy relevante al versar de materia tributaria, y en concreto del incremento de las cuotas tributarias de una tasa”.

En relación a los fundamentos de derecho reflejados en la denuncia por Antolín Alonso, cabe destacar, entre otros:

“OBLIGACIÓN DE EXPEDICIÓN DE COPIAS”. “La expedición de las copias de las actas de un pleno a favor de un concejal es una obligación que corresponde a los servicios administrativos del Ayuntamiento“.

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Artículo 14: 1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.

Artículo 15: 1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.

TRANSPARENCIA HACIA LOS EDILES Y CIUDADANOS. “No sólo tenía derecho el aquí denunciante a recibir el acta del pleno, en su condición de concejal del Ayuntamiento. También como ciudadano lo tendría“.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 13. ‘Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas’. Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Artículo 12. ‘Derecho de acceso a la información pública’. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

Artículo 13. ‘Información pública’. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 14. ‘Límites al derecho de acceso’. 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

FUERZA IMPERATIVA. Sostiene Ciudadanos en la denuncia que “esta obligación de los servicios administrativos, leáse aquí la secretaria, es imperativa, y como se acaba de transcribir, no precisa de autorización previa del alcalde ni de ninguna autoridad municipal; basta la mera solicitud de cualquier concejal para que —de inmediato— se le facilite a éste la copia o certificación de las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal, en este caso del pleno a que antes se ha hecho referencia.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

Artículo 122. ‘Organización del Pleno’. 5. Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones:
a) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del Presidente del Pleno.
b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten.
c) La asistencia al Presidente del Pleno para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones, así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y de las comisiones.
d) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios.
e) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será preceptivo en los siguientes supuestos:
1.º Cuando así lo ordene el Presidente o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.
2.º Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial.
3.º Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia plenaria.
4.º Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales.
Dichas funciones quedan reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su nombramiento corresponderá al Presidente en los términos previstos en la disposición adicional octava, teniendo la misma equiparación que los órganos directivos previstos en el artículo 130 de esta ley, sin perjuicio de lo que determinen a este respecto las normas orgánicas que regulen el Pleno.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, Antolín Alonso, quiso subrayar que la supuesta responsabilidad judicial derivada de los hechos denunciados podría alcanzar, además de a la secretaria, también al alcalde, Germán Vicente, como señalan también al Juzgado: “Tenga formulada denuncia contra la persona señalada en el encabezamiento, sin perjuicio de las demás que pudieren aparecer responsables…”.

Protección constitucional. El derecho de acceso a la información pública es un derecho de todos los ciudadanos, según regula la Constitución y desarrolla la Ley de Transparencia.

Los presuntos delitos aludidos de forma explícita en la denuncia de Ciudadanos son:

Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Artículo 542. Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

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