Javier Muñiz (actual edil de Hacienda), y Germán Vicente.

El líder comarcal de Ciudadanos en la comarca, Antolín Alonso, portavoz también del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Vitigudino, ha sido citado como investigado por presunta prevaricación administrativa en un proceso penal que, según ha desvelado el propio concejal a SALAMANCA NEWS, está instruyendo la Juez de la localidad, aunque “ha sido denunciado por Fiscalía“.

En la cédula de citación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino, en las diligencias previas del procedimiento abreviado, se insta a Alonso a “comparecer” ante el órgano judicial el 7 de febrero a las 10:30 horas, “a fin de prestar declaración en calidad de investigado, sobre prevaricación administrativa”.

Alonso prefirió reservarse su estrategia de defensa pero sí que llamó la atención sobre el detalle de que las actuaciones vinculadas con la prevaricación administrativa parece que no fueron tampoco tan graves como para haber alarmado ni al exportavoz socialista Francisco Javier Zudaire —dimitió tras el verano— ni tampoco a Toribio Plaza, líder de la oposición en la legislatura 2007-2011 y alcalde de la anterior.

A Alonso le parece como poco “extraño” que entonces, cuando tuvieron lugar los hechos ahora judicializados, los socialistas, que no hay que olvidar estuvieron gobernando en la legislatura 2003-2007, no dijeran “ni pío” ni hicieran tampoco mucho al objeto de impugnar las supuestas licencias urbanísticas prevaricadoras cuando éstas se materializaron. Tampoco en todo este tiempo ha sido tratado el tema en los plenos, el caso contrario de otras situaciones municipales recurrentes como, entre otras, el factoring vinculado con la bochornosa finalización de las obras del polígono industrial.

El caso es que diez años después la concesión de las licencias urbanísticas es noticia por su vinculación con un proceso penal por prevaricación administrativa, actuaciones registradas en legislaturas gobernadas por el Partido Popular ya que la legislatura con el socialista Toribio Plaza como alcalde parece haberse quedado fuera de la investigación. De 2007 a 2015 ha estado presidiendo el Ayuntamiento de Vitigudino, Julio Santiago (PP).

Respecto a la personación a título particular como parte acusadora de la Administración Local, gobernada por el PSOE con mayoría absoluta, Alonso aseguró que, de momento, “no hay querella criminal del Consistorio”, palabras que después matizó al señalar que, por lo menos, no tiene constancia de tal medida.

Es importante aclarar que además de la acción popular y, salvo, por ejemplo, en los delitos privados por injurias o calumnias, el ejercicio de la acción penal puede ser realizado de oficio, a instancias del Ministerio Fiscal, obligado tras conocer la notitia criminis o la denuncia del supuesto hecho punible. También tienen en estos casos la facultad de ser parte acusadora, que no la obligación, los ofendidos o perjudicados, vía personación o querella particular.

No obstante, el edil explicó que la documentación municipal vinculada con el proceso judicial, un tocho de “cientos de folios”, habría llegado a la Fiscalía tras mover ficha el equipo de Gobierno socialista. “Han levantado la alfombra de las últimas legislaturas pero sólo con el fin de encontrar algo contra la oposición y resulta que lo único que han encontrado es poco más que unas licencias de primera ocupación que se dieron a familias de Vitigudino”.

“En Vitigudino llevamos toda la legislatura sin presupuestos, pese a que dice y dice el alcalde que son una de sus prioridades, como también la devolución del tasazo de las tumbas que prometieron y siguen prometiendo los socialistas, pese al informe desfavorable, por cierto, que firmó el exsecretario municipal”, añadió.

“No tienen tiempo para lo prioritario pero tienen todo el tiempo del mundo para ponerse a escarbar, como un año, nada menos, que parece que se han tirado para este asunto. Y todo este enorme trabajo para encontrar poco más que seis antiguas licencias de primera ocupación de cuando estuve como concejal de Urbanismo con Unión del Pueblo Salmantino”.

Las licencias municipales fueron concedidas en la etapa del secretario municipal Ignacio Rivas, que se marchó del Ayuntamiento de Vitigudino, después de 17 años y poco antes de las elecciones municipales de 2015. Los problemas con las ‘legalizaciones’ urbanísticas no son para nada algo ajeno en un municipio acostumbrado a lidiar con cierta normalidad con esta situación desde hace mucho tiempo, ya se traten de naves industriales, comercios, los huertos familiares que se están precisamente legalizando ahora o la urbanización de Peñas Llanas.

En la legislatura pasada, por ejemplo, el equipo jurídico que defendió los intereses del bazar chino de la circunvalación, tras las protestas coordinadas por la presidenta de la asociación Asemvi, Elena Alonso Calzada (Seguros Mapfre), advirtió en un comunicado este caos urbanístico:

“Y puesto que, nos consta que en dicha localidad abundan los casos de infracciones urbanísticas y contra la normativa medioambiental en que las incurren numerosos negocios de la localidad (Plaza de Toros, etc.), sin que el Ayuntamiento de esta localidad haya adoptado medidas contundentes para paliarlas o sancionarlas, a pesar de las numerosas denuncias que se han presentado ante dicho Ente local, y que tales comercios siguen desarrollando su actividad con normalidad y, en algunos casos, con autorización municipal, por mandato de nuestra cliente, se van a adoptar las medidas necesarias, que esta parte se reserva, a fin de denunciar las posibles infracciones o irregularidades que aprecien en el resto del comercio de la localidad”. 

Precisamente la titularidad de la zona de la plaza de toros está en estos momentos en la polémica, a instancias del portavoz del Grupo Municipal Popular, José María Herrero, ya que el regidor, según explicó en el pleno, se inclinaba mejor por ‘hablarlo’ con los supuestos propietarios, pese a que la actual secretaria municipal fue tajante en la sesión plenaria respecto al coso taurino: “Se ha hecho con dinero municipal y está en terreno municipal”.

Cabe destacar, por último, que el actual proceso penal contra el portavoz de Ciudadanos, Antolín Alonso, llega en el tiempo después de que el portavoz de la formación naranja en Vitigudino haya protagonizado una oposición crítica con el equipo de Gobierno, plasmada en los plenos pero también en la presentación de recursos, y también en la vía judicial.

La denuncia penal contra el portavoz de Ciudadanos también ha llegado, recuerda, después de otros “movimientos parecidos” como el que intentaron con el patronato municipal de vivienda y urbanismo.

Tampoco olvida Alonso los insultos que le dedicó el regidor, Germán Vicente, cuando el portavoz de Ciudadanos detectó y denunció que estaban cobrando a las familias, empresas y comercios una tasa “ilegal” por la recogida de la basura, algo que no sentó nada bien al alcalde, que le advirtió que tuviera “cuidado” al estarle tocando los “cojones”.

Pocas dudas, por lo tanto, para Alonso de que la cercanía de las elecciones municipales de 2019 esté poniendo “nerviosos” a los socialistas, que “necesitan ahora levantar la alfombra para encontrar cualquier cosa con la que puedan atacar a la oposición”, una estrategia, interpreta, que “certifica que el actual equipo de Gobierno de Vitigudino es consciente por fin de que no devolverán el dinero de las tumbas, aunque, pese a todo, dejarán, se teme, unas cuentas municipales en “números rojos”. Su único logro: “poco más que aumentar la despoblación en la localidad, y traer a Soraya, claro”.