“Los compañeros quieren crear una especie de plataforma de recogida de firmas”. Es lo primero que señala a SALAMANCA NEWS, tras asegurar que su abogado interpondrá recurso contra la sentencia de la Audiencia de Granada que le ha condenado a 5 años y 3 meses de cárcel por un “delito continuado de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos por aprovechar su cargo para transferir a sus cuentas 212.000 euros”, según la información publicada por ABC ANDALUCÍA, que además recogió que la secretaria interventora, entonces, del Ayuntamiento de Cortes de Baza —un pueblo de menos de 2.000 habitantes de Granada—, reconoció los hechos.

“Agradezco de corazón las muestras de apoyo de compañeros, alcaldes y concejales que me quieren. Para mí es suficiente. Siempre he dado todo por y para los ayuntamientos y sus alcaldes y todos lo saben sobre todo porque me encanta el mundo municipal”, sigue señalando a este medio, que a la pregunta de si ha devuelto todo el dinero, contesta afirmativamente, aunque LA VANGUARDIA, en otra noticia sobre la condena divulgada por EFE, recogía las siguientes declaraciones: “No tuve que haberlo hecho y me arrepiento, quiero pagar hasta la última peseta, subrayó durante el juicio, momento en el que esperaba la subasta de su vivienda para compensar el dinero pendiente de devolver”.

“Yo reconocí porque no me quedaba otra, porque la justificación era la que era pero uno de los destinos fue la agencia”, en alusión a la cuenta de la agencia de viajes administrada por su marido que recibió, según se hicieron eco los medios, una parte de las cantidades malversadas.

El interés público de la condena alcanza en Vitigudino una especial fuerza, ya que fue la exsecretaria que, durante su paso por el Ayuntamiento de la cabecera de la comarca, certificó el acuerdo que adoptó el pleno municipal que se tradujo en la subida de los 52 euros de las tasas de la basura impulsada por el equipo de Gobierno socialista, liderado por Germán Vicente (también está detrás de la curiosa medida de los vados voluntarios en los garajes).

Yo siempre certifico sobre el acuerdo que adopta el pleno municipal, no me invento nada, entre otras cosas porque yo no me lo he podido inventar porque hay un acta“, aseguró la exsecretaria, además de aclarar que los certificados “son la reproducción exacta del acuerdo del pleno que va en el acta“.

La oposición ha venido rechazando la tasa de los 52 euros al considerar que la aprobación fue contraria al ordenamiento jurídico. En 2015 logran pararla y finalmente termina aplicándose la antigua ordenanza de 14,25 euros al año. Pero no en el primer semestre de 2016, ya que el Ayuntamiento logra en el último momento el visto bueno de Regtsa que, aquí viene el dato clave, justifica su decisión en la certificación de la exsecretaria. ¿Varapalo a la oposición? Pues no, aunque eso es lo que parecía hasta que llega enero de 2017, la condena a la exsecretaria en Cortes de Baza, y, de repente, un edicto municipal de Germán Vicente, con fecha de 31 de enero, con el padrón de basura del segundo semestre del ejercicio 2016.

¿Pero no estaba delegado el cobro de la tasa en Regtsa a través del correspondiente convenio con el Ayuntamiento tras su aprobación en el pleno?

La oposición se vuelve a llevar las manos a la cabeza tras unir todos los cabos: el primer semestre 2016 se convierte en papel mojado ante posibles vías judiciales y recuerdan como Regtsa ya señaló que no entraba en el fondo jurídico. Y el segundo semestre de 2016, como los cobros de los semestres siguientes, vuelven a meterse en unas arenas movedizas que ya están recibiendo las reclamaciones vecinales, ahora además por dos motivos: las dudas sobre la validez de la certificación del pleno que aprobó las tasas de los 52 euros y sobre la legalidad de que pueda el propio ayuntamiento realizar el cobro directamente a los vecinos, cuando anteriormente estaba delegado en Regtsa, sin que se haya aprobado la medida, según subrayó la oposición, en ninguna sesión plenaria.

No hay que olvidar tampoco la denuncia por una supuesta prevaricación contra la actual secretaria impulsada por el portavoz de Ciudadanos, Antolín Alonso, y relacionada con el acceso a la información relacionada con las tasas de la basura, una denuncia que ayer fue ratificada por Alonso en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº1 de Vitiudino, según señaló el portavoz de la formación naranja.

“Sacar en prensa con el tema de dar o no documentos… que sí, que los concejales tienen derecho pero tienen derecho hasta un cierto punto y lo que no se puede es entorpecer el funcionamiento del Ayuntamiento”, señaló la exsecretaria condenada a 5 años de cárcel por la malversación de los fondos públicos. 

 

 

 

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